Corte Suprema confirma condena de cuatro años contra exjuez Emiro Salgado por prevaricato

La Corte Suprema de Justicia confirmó en su integridad la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Sincelejo contra Emiro Rafael Salgado Atencia, quien se desempeñó como juez promiscuo del Circuito de San Marcos, en el departamento de Sucre. La Sala de Casación Penal concluyó que el exfuncionario incurrió en el delito de prevaricato por acción al emitir una decisión manifiestamente contraria a la ley.

El caso se originó en una acción de tutela presentada tras la ola invernal de 2010 que afectó la región de La Mojana, donde ochenta familias del municipio de San Marcos resultaron damnificadas. Los afectados acudieron a la justicia para reclamar el reconocimiento y pago de ayudas económicas establecidas por el Gobierno nacional, mediante una tutela dirigida contra el municipio y la entonces Oficina Municipal de Prevención del Riesgo.

La tutela fue negada en primera instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Marcos. Posteriormente, el recurso de apelación fue conocido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, despacho que en ese momento estaba a cargo de Salgado Atencia. En esa segunda instancia, el juez revocó la decisión inicial y ordenó el pago de subsidios no solo a las ochenta personas accionantes, sino también a otras trescientas treinta y dos que no habían hecho parte del trámite judicial.

De acuerdo con el fallo, esa ampliación de efectos sin fundamento legal configuró una actuación arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico. Por esa razón, el Tribunal Superior de Sincelejo lo declaró responsable penalmente, decisión que fue apelada ante la Corte Suprema, la cual ratificó la condena y señaló que no procede recurso adicional, por lo que el fallo quedó ejecutoriado.

Esta es la segunda condena penal que enfrenta el exjuez. En 2020 también fue sentenciado a cuatro años de prisión por el mismo delito. En esa ocasión, la Corte estableció que Salgado y otros jueces se concertaron para ordenar embargos judiciales que afectaron recursos del Instituto Nacional de Vías, Invías, con lo que se produjo un detrimento patrimonial.