Contraloría halla irregularidades por 16.382 millones de pesos en compra de predio de la ANT en Sucre

La Contraloría General de la República determinó hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal por un valor de 16.382 millones de pesos en la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La investigación, adelantada por la Delegada para el Sector Agropecuario, se centró en la compra del predio denominado Hacienda Simba, ubicado en el departamento de Sucre. El organismo de control estableció que los recursos comprometidos corresponden al anticipo de una transacción que no ha cumplido con los requisitos legales de formalización.

De acuerdo con el informe oficial, la ANT suscribió en abril de 2024 una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un valor total de 27.304 millones de pesos. Pese a que la entidad desembolsó el 60 por ciento del valor pactado hace 18 meses, el bien no ha sido escriturado ni transferido legalmente a nombre de la nación. Esta omisión impide que el predio sea registrado contablemente como activo estatal o parte del patrimonio público destinado a la reforma rural.

La auditoría evidenció que el procedimiento de adquisición omitió etapas esenciales de validación técnica, jurídica y social contempladas en el marco normativo vigente. El ente de control advirtió que la falta de perfeccionamiento de la transferencia del dominio configura un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos. Al no existir un respaldo jurídico sólido, la entidad mantiene capitales ejecutados sin la posibilidad de adjudicar formalmente las tierras a los beneficiarios de los programas de acceso.

Un aspecto relevante del informe señala un cambio sustancial en la destinación del inmueble sin el debido sustento administrativo. Aunque la compra de la Hacienda Simba se proyectó inicialmente para beneficiar a comunidades campesinas, la ANT realizó una entrega provisional del 60 por ciento del terreno a comunidades indígenas. La Contraloría subrayó que esta modificación se ejecutó sin actos administrativos ni ajustes presupuestales que respaldaran el uso de rubros específicos para un fin distinto al programado.

El organismo de control reiteró que las entregas provisionales no sustituyen el cumplimiento de las formalidades legales ni garantizan la incorporación del bien al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Ante estas inconsistencias, la Contraloría solicitó a la Agencia Nacional de Tierras la formulación de un plan de mejoramiento inmediato. El objetivo es corregir las deficiencias en los mecanismos de control interno y asegurar que las futuras compras de predios cumplan con los principios de transparencia y eficiencia.