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Petro propone beneficios jurídicos para bandas criminales en Medellín a cambio de desarme total

Durante un acto en Medellín, el presidente Gustavo Petro planteó a la Fiscalía visitar la cárcel de Itagüí para avanzar en la paz urbana con estructuras criminales. Nueve cabecillas estuvieron en primera fila del evento.

En una intervención de más de dos horas desde la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, el presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía General de la Nación que lo acompañe a la cárcel de Itagüí para explorar, bajo el marco legal vigente, posibles beneficios jurídicos a jefes de bandas criminales que se comprometan con la dejación completa de armas y la cesación de toda actividad violenta. La propuesta se enmarca en el proceso de “paz urbana” que el Gobierno adelanta con estructuras armadas del Valle de Aburrá.

“Queremos que la Fiscalía vaya a la cárcel. Yo mismo voy a ir. Bajo las normas existentes, legales, podemos lograr un acuerdo definitivo en donde cese la violencia aún más en los barrios pobres de Medellín”, afirmó el mandatario. Según dijo, la condición es clara: los beneficios jurídicos se entregarían a cambio del desarme total, el fin de la extorsión y el reclutamiento de jóvenes, y la ruptura con el narcotráfico.

Acompañado por varios ministros y delegados del proceso de paz, Petro aseguró que su propuesta busca una transformación estructural, más allá de una reducción de cifras. “No quiero que usen la paz para fortalecerse, como han hecho otros grupos. Quiero que realmente den un paso para salir de la violencia”, dijo. El evento contó con la participación de nueve reconocidos jefes criminales detenidos, quienes, en un gesto inédito, estuvieron en tarima con el presidente y expresaron públicamente su voluntad de acogerse a un eventual acuerdo.

Entre los asistentes estuvieron José Leonardo Muñoz (“Douglas”), Juan Carlos Mesa (“Tom”), Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Jorge de Jesús Vallejo (“Vallejo”), entre otros. Los capos leyeron un comunicado en el que pidieron mayor celeridad al Gobierno en la construcción de un marco jurídico “restaurativo, reparador y reintegrador”.

El evento fue convocado por las bases petristas para celebrar la aprobación de la reforma laboral, pero también sirvió como plataforma para reforzar la agenda de paz urbana del Gobierno. Petro estuvo acompañado por los ministros del Interior, Defensa, Trabajo, Transporte y Educación; así como por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el exalcalde Daniel Quintero. También participaron los 11 campesinos de Jericó procesados en el marco del conflicto socioambiental con AngloGold Ashanti.

Sin embargo, la presencia de los cabecillas generó una fuerte reacción por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien publicó en su cuenta de X: “Petro nos pone la lápida. Está en Medellín para juntarse con los jefes de la mafia que nosotros capturamos (…) El acto de la vergüenza de hoy lo recibo como una amenaza directa”. En otro mensaje, agregó: “Petro es el único responsable si algo me pasa”.

El Centro Democrático también criticó el evento, asegurando que recibió denuncias ciudadanas sobre presiones en barrios como Popular, Santa Cruz y Castilla para asistir a la concentración. “Preocupan denuncias recogidas por medios de comunicación, como que estarían llegando presuntos integrantes de estructuras criminales a recomendar la asistencia”, afirmó el partido en un comunicado.

Petro reconoció que no ha hecho aún la propuesta formal a la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien se encuentra en el exterior, pero señaló que su gobierno está dispuesto a presionar políticamente para que se avance en un marco legal si el actual no resulta suficiente. “Si se requiere una nueva ley, que sea el pueblo el que lo impulse”, dijo.

El presidente también mencionó la reducción histórica de homicidios en Medellín —que bajó de 400 por cada 100.000 habitantes a menos de 10—, aunque advirtió que en los últimos meses las cifras han repuntado. “Hay que ser más certeros. Medellín debe volver a ser ejemplo nacional”, señaló.

El proceso de paz urbana en Medellín completa dos años desde su inicio formal en junio de 2022. Este no es el primer acto público que involucra a miembros de estructuras criminales privadas de la libertad. En meses anteriores se han realizado encuentros y eventos deportivos en el marco de este proceso, siempre bajo custodia del Inpec.