Petro propone beneficios jurídicos a bandas criminales que cesen totalmente la violencia en Medellín

En medio de la movilización ‘Un pacto por la paz urbana’, realizada el sábado 21 de junio en la plazoleta La Alpujarra de Medellín, el presidente Gustavo Petro propuso examinar la posibilidad de otorgar beneficios jurídicos a jefes de bandas criminales presos, a cambio del abandono completo de la violencia. La iniciativa, según dijo, se realizaría bajo las normas legales vigentes y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

“Mi propuesta consiste en que la fiscal general y yo vayamos a la cárcel a examinar las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa de las armas, del asesinato, de la extorsión y del reclutamiento de juventudes”, señaló el mandatario, quien precisó que la fiscal no ha sido aún convocada por encontrarse fuera del país.

El anuncio se dio en presencia de al menos nueve cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá —alias Tom, Douglas, Vallejo, Carlos Pesebre, entre otros—, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí para participar del evento. La senadora Isabel Zuleta, coordinadora de la mesa de paz urbana con estas bandas, acompañó al presidente en el acto.

Durante su intervención, Petro insistió en que el diálogo debe traducirse en un cese total y no transitorio de la violencia: “No se trata de treguas parciales. Hay que cortar las cadenas de la violencia y la codicia. Hay que cesar definitivamente la violencia”.

La presencia de los cabecillas en un evento público generó reacciones adversas por parte de la oposición y algunos sectores institucionales. El exministro José Manuel Restrepo calificó el acto como una “bofetada a las víctimas del narcotráfico”. El exsenador David Luna advirtió que “ya es hora de dejar de exaltar la criminalidad”, mientras que el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas afirmó que “el presidente idealiza a quienes infringen la ley”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también cuestionó el acto, pidiendo respaldo a las instituciones que combaten el crimen. Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, lo consideró “una amenaza directa al Estado de Derecho”.

Desde junio de 2023, el Gobierno Nacional sostiene una mesa de diálogo con estructuras armadas de Medellín, con el objetivo de desmovilizar a más de 12.000 personas. Sin embargo, voceros de las bandas reconocieron durante el acto que el proceso se encuentra estancado. “Ha faltado capacidad del Estado y reciprocidad en los avances. El diálogo atraviesa por un momento difícil”, declaró alias Vallejo en su intervención.

En ese sentido, los cabecillas reiteraron su disposición a avanzar, pero exigieron un marco jurídico restaurativo y mayores alternativas para los jóvenes involucrados en estructuras armadas. “No se trata solo de sometimiento, sino de reintegración con propuestas reales”, expresaron en un comunicado conjunto.

La senadora Zuleta anunció que el Gobierno iniciará un piloto para atender a 2.000 niños entre 6 y 17 años, con apoyo del ICBF, como medida para prevenir la reproducción de ciclos de violencia. También mencionó el inicio de un programa de espacios de desintoxicación para jóvenes consumidores.

Por instrucción del presidente, los ministerios de Educación y Cultura realizarán una auditoría en colegios de Medellín para verificar la ejecución de recursos destinados a clases de arte y educación física. “Quiero saber si el dinero está llegando a donde debe llegar”, sostuvo.