Petro ordena licitar el Canal 1 pese a concesión vigente hasta 2037

El presidente Gustavo Petro volvió a encender las alarmas sobre la libertad de prensa en Colombia. En un consejo de ministros televisado el pasado 15 de agosto de 2025, el mandatario ordenó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina, iniciar la licitación del Canal 1, aun cuando la concesión vigente se extiende hasta el año 2037.

“El ministro tiene la orden de empezar la licitación del Canal 1. Una nueva forma de manejar la televisión. Que no es del gobierno pero tampoco del potentado económico. Debe ser de las juventudes, de la gente de la cultura, del arte. Y esa es una orden ya, ministro, porque ojo ahí ya hay incluso irregularidades”, afirmó Petro durante la transmisión en directo.

El Canal 1, operado por Plural Comunicaciones, fue adjudicado en 2017 tras una licitación pública en la que se comprometió una inversión de más de 117.000 millones de pesos. Su programación incluye Noticentro 1 con emisiones regionales y nacionales, el magazine Lo Sé Todo, investigaciones periodísticas de La Silla Vacía, programas de análisis como La Polémica, además de espacios radiales y digitales como La Luciérnaga de Caracol Radio, W Sin Carreta, Mesa Central de El Colombiano y el pódcast Acento, dirigido por Cristian Verbel de La Opinión.

En estos espacios se han expuesto análisis y opiniones diversas, muchas veces críticas con el Gobierno, lo que ha generado tensiones entre el Ejecutivo y el canal. La orden presidencial de abrir una nueva licitación es leída por directivos y expertos como una intervención directa sobre uno de los pocos espacios plurales de la televisión abierta nacional.

“El Canal 1 ha estado en la mira del Gobierno desde hace meses”, recordó La Silla Vacía, al reseñar las inspecciones que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio por la participación de Prisa Media. El presidente de Canal 1, Ramiro Avendaño, aseguró en entrevista con La W que se trata de “una persecución del Estado”.

El contrato de concesión se otorgó en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos a un consorcio conformado por Yamit Amat, Daniel Coronell, Hemisphere y Patricio Wills. En 2022, Plural Comunicaciones —de los ejecutivos Ramiro Avendaño y Santiago Valencia— adquirió la empresa y la concesión, que debía mantenerse hasta 2037.

El anuncio presidencial ha sido calificado por periodistas, académicos y organizaciones de medios como una “expropiación disfrazada” que amenaza la independencia informativa y plantea un nuevo escenario de confrontación entre el Gobierno Petro y la prensa libre.