Petro pide investigación por inundaciones y señala a hidroeléctricas: “Dejaron las represas llenas”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vinculó la situación de inundaciones en Montería con la operación de las centrales hidroeléctricas Urrá e Hidroituango. El mandatario señaló que los responsables de estas entidades deben responder por “haber causado” los desastres ambientales y sociales registrados en la zona. Según el jefe de Estado, el vertimiento de aguas hacia el río Sinú constituye un “crimen ambiental” que buscaba favorecer contratos de gas.

La emergencia en la capital de Córdoba ha provocado la evacuación de trece barrios y la suspensión de actividades educativas en diversos sectores vulnerables. El Ejecutivo argumentó que las empresas generadoras de energía permitieron el llenado máximo de los depósitos sin considerar los efectos en las poblaciones. El presidente Petro afirmó en sus redes sociales que las “juntas directivas de Urrá e Hidroituango también deben responder, sean privados o funcionarios”.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, informó que se solicitaron protocolos de emergencia detallados para analizar el incremento de los caudales en la región. La funcionaria indicó que la Superintendencia de Servicios Públicos determinará si existió un presunto incumplimiento ambiental asociado a “intereses del sector eléctrico”. El Gobierno sostiene que la operación técnica pudo verse influenciada por la estructura de precios del mercado energético nacional.

Sandra Fonseca, exdirectora de Asoenergía, afirmó que los conceptos del Gobierno “mezclan peras con manzanas y demuestran desconocimiento sobre la operación interconectada del sistema”. La experta señaló que el despacho eléctrico se rige por criterios económicos y restricciones de red que son responsabilidad de la Upme. Fonseca sostuvo que lo que falló no fue el vertimiento de aguas, sino el modelo de gestión del riesgo ambiental.

Julio César Vera, presidente de XUA Energy, explicó que desde el punto de vista operativo “no existe ningún incentivo para no generar energía” en estas centrales. El analista subrayó que el negocio de un embalse es generar, vender y garantizar una operación costo-eficiente para proteger la infraestructura. Según Vera, es un “contrasentido” afirmar que se actúe de manera premeditada para impulsar el uso del gas durante la actual temporada invernal.

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica reportó que cuando un embalse alcanza su nivel máximo es imperativo descargar el recurso hídrico acumulado. El gremio agregó que, de no hacerlo, “se pondría en riesgo la infraestructura, la vida de las personas y los bienes de las comunidades”. La organización enfatizó que los generadores están aprovechando el agua para producir más energía y reducir los precios actuales del mercado.

El gerente de EPM, John Maya Salazar, indicó que la central Hidroituango funciona de manera “segura y estable, con seguimiento técnico permanente a los caudales del río Cauca”. La empresa aseguró que el proyecto actúa como un “regulador de caudales” capaz de amortiguar las crecientes mediante el uso del vertedero. Maya Salazar concluyó que la operación se realiza bajo los más altos estándares internacionales en materia de seguridad y cuidado social.