Cargos contra exgobernador de San Andrés por irregularidades en contrato vial

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exgobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen (2020-2023), por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato para el mejoramiento de vías rurales. El proyecto, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de 31.700 millones de pesos, presentaría inconsistencias en su planeación y aprobación.

Por los mismos hechos, también fue vinculada a la investigación la directora ejecutiva de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), Emilia Álvarez Guerrero, quien habría participado en la adjudicación del contrato sin cumplir con los requisitos legales exigidos.

Según la investigación adelantada por la Procuraduría, Hawkins Sjogreen firmó una certificación en la que se afirmaba que el proyecto de mejoramiento vial se ajustaba al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la isla. Sin embargo, se encontró que al menos uno de los tramos, la vía 4 denominada Duppy Gully, no era compatible con el uso y tratamiento del suelo, pues atraviesa una zona de conservación y amortiguamiento ambiental que incluye la Cuenca de El Cove.

Esa certificación habría servido como sustento para que el proyecto de inversión fuera viabilizado y aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (OCAD Paz), lo que permitió el desembolso de los recursos del SGR.

Para el órgano de control, al emitir la certificación sin verificar su conformidad con la normatividad ambiental y urbanística, el exgobernador habría incurrido en una actuación irregular. La Procuraduría señaló que Hawkins Sjogreen “dejó de lado el especial cuidado que debe tenerse en la ejecución de los recursos públicos, más aún cuando provienen del SGR, destinados a cerrar brechas de desarrollo económico, social y ambiental en poblaciones vulnerables”.

Además, la entidad indicó que estas irregularidades no solo afectaron la correcta ejecución del contrato, sino que también impactaron a los habitantes de Duppy Gully, quienes esperaban una solución efectiva a sus necesidades de conectividad.

Por su parte, la directora ejecutiva de Aremca, Emilia Álvarez Guerrero, es investigada por presuntas irregularidades en la selección del contratista y en la adjudicación de los trabajos. De acuerdo con la Procuraduría, Álvarez Guerrero otorgó el contrato sin convocar una licitación pública, a pesar de que este mecanismo era obligatorio para la selección del contratista.

Además, se habría omitido el uso de los pliegos tipo, un procedimiento exigido en proyectos financiados con recursos del SGR, cuyo propósito es garantizar transparencia y condiciones equitativas en la contratación estatal.

En el marco del proceso disciplinario, la Delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR calificó la presunta conducta del exgobernador Hawkins Sjogreen como una falta grave cometida con culpa grave.

En el caso de Emilia Álvarez Guerrero, la Procuraduría estableció que su actuación configuraría una falta gravísima cometida con dolo, al haber omitido los procedimientos de selección y contratación que garantizan la legalidad y transparencia en la inversión de los recursos públicos.

El organismo de control continuará con el proceso disciplinario para determinar las responsabilidades de los implicados y establecer las posibles sanciones que podrían enfrentar. En caso de hallarse culpables, las sanciones pueden ir desde la inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta sanciones económicas.