Gobierno Petro retoma la aspersión terrestre con glifosato para erradicación de cultivos ilícitos

La Policía Nacional inició en febrero de 2025 los procesos contractuales para reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos mediante Aspersión Terrestre con glifosato, un herbicida suspendido desde 2015 por fallos judiciales y razones ambientales. La decisión, confirmada por el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se tomó durante la administración de su antecesor Iván Velásquez y contempla una inversión de $7.700 millones para compra de químicos, insumos, equipos de protección y logística de operación.

Según documentos revelados por El Tiempo y el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, entre el 21 y el 26 de febrero se abrieron al menos cinco procesos contractuales relacionados con el uso del químico. La contratación se enmarca en el plan gubernamental de erradicación manual con apoyo químico terrestre, en paralelo a los programas de sustitución voluntaria que continúan en varias regiones del país.

El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, confirmó públicamente que el plan de aspersión terrestre fue aprobado por el Gobierno y que ya se están realizando los ajustes logísticos para su implementación. El programa contempla, además, el sostenimiento de aeronaves, la contratación de personal operativo y la participación de más de 1.200 policías en tareas de erradicación manual.

La decisión marca un giro en la política ambiental del Gobierno Petro. Aunque el presidente ha reiterado su rechazo al uso del glifosato como estrategia principal de erradicación, el ministro Sánchez explicó que la medida se adoptó como parte de compromisos adquiridos previamente, y que su aplicación dependerá de la evolución de los programas de sustitución.

En 2024, la erradicación de cultivos ilícitos cayó a 9.403 hectáreas, frente a las 68.893 de 2022 y las 20.323 de 2023, según datos del Ministerio de Defensa. El más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reportó un aumento de las hectáreas cultivadas de coca, de 230.000 en 2022 a 253.000 en 2023, y un alza en la producción potencial de cocaína de 1.738 a 2.664 toneladas métricas.

El concejal Sastoque denunció la medida a través de su cuenta en X, cuestionando el contraste entre la decisión gubernamental y el discurso ambientalista del Ejecutivo. El Ministerio de Ambiente tuvo conocimiento del proceso, según consta en los documentos oficiales.

El regreso del glifosato se produce en un contexto de presión internacional. El Gobierno colombiano ha enfrentado una crisis diplomática con Estados Unidos desde enero y busca evitar una eventual descertificación en la lucha contra las drogas por parte del Gobierno de ese país. El uso del herbicida, ampliamente respaldado por la política antinarcóticos estadounidense, es interpretado por algunos sectores como un gesto de alineamiento con esa agenda.

El glifosato fue utilizado de forma aérea durante los gobiernos de Álvaro Uribe y parcialmente durante el mandato de Juan Manuel Santos, hasta que fue suspendido en 2015 por orden de la Corte Constitucional, que exigió cumplir requisitos ambientales y de salud pública. Desde entonces, su uso ha estado restringido a aplicaciones controladas bajo criterios estrictos. Intentos por reactivarlo en 2018, durante la administración de Iván Duque, no prosperaron.

Actualmente, no existe una legislación que prohíba de manera definitiva el uso del glifosato en Colombia. La nueva estrategia gubernamental contempla su uso terrestre como complemento a las estrategias de sustitución de cultivos, control territorial y transformación productiva.