Críticas a Petro y Jaramillo por declaraciones sobre muerte de niño con hemofilia

La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, ocurrida el 13 de febrero en Bogotá, desató un debate público tras las intervenciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el Consejo de Ministros. El menor, diagnosticado con hemofilia A severa, falleció luego de sufrir un trauma craneoencefálico tras una caída en bicicleta en Palestina, Huila.

Según relató su madre, Yudy Katherine Pico, el niño no recibía desde el 12 de diciembre el medicamento Emicizumab, que debía aplicarse cada 28 días para prevenir episodios hemorrágicos. El fármaco, cuyo costo mensual oscila entre 36 y 40 millones de pesos, era suministrado a través de Nueva EPS. La familia denunció retrasos en la autorización del traslado desde el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito hasta el Hospital La Misericordia, donde el menor ingresó a cuidados intensivos y posteriormente falleció.

Durante su intervención, Jaramillo señaló que la información disponible indicaba que el niño sufrió un accidente en bicicleta y afirmó que “a un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”. Añadió que se adelantará una investigación para determinar si existieron fallas en la atención. “Habrá que hacer una investigación muy detenida, presidente. Y si la responsabilidad recae en las personas que no habrían atendido oportunamente este caso, por supuesto, lo investigaremos a fondo”, expresó.

El presidente Petro, por su parte, planteó que la prevención también involucra a la familia. “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber, si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no nacen aprendidas”, afirmó. Sus palabras generaron reacciones en redes sociales y entre profesionales de la salud.

Silvana Zapata Bedoya, presidenta de la Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC), señaló que “la prevención no es prohibir vivir” y sostuvo que el tratamiento oportuno es parte de la garantía de seguridad para estos pacientes. Agregó que cuando no se asegura la continuidad terapéutica, “no es un fallo del hogar, es una falla en la protección que debía existir”.

También se pronunció Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, quien indicó que el debate debe centrarse en la garantía del medicamento requerido por el menor y en la continuidad de la atención en el marco de la intervención administrativa de la EPS.

El caso expuso interrogantes sobre la entrega de medicamentos de alto costo y la articulación entre EPS e IPS en pacientes con enfermedades raras. La madre del menor afirmó que, tras la terminación del contrato entre la IPS Medicarte y Nueva EPS a comienzos de 2026, no se concretó una nueva red de atención, lo que dejó al niño sin suministro regular del tratamiento. Las autoridades sanitarias anunciaron que revisarán los hechos para establecer responsabilidades administrativas o disciplinarias.