El expediente por narcoterrorismo y los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en EE. UU.

La confirmación de la operación militar anunciada por la Casa Blanca activa los procesos penales abiertos desde 2020 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El mandatario venezolano enfrenta acusaciones de conspiración para el tráfico de cocaína y uso de armas de guerra, delitos que acarrean penas de hasta cadena perpetua.

Tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro en una operación militar, la atención se centra en el complejo escenario jurídico que enfrentaría el líder venezolano en suelo norteamericano. Desde marzo de 2020, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mantiene vigente una acusación formal por delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, tenencia de armas de guerra y conspiración para el uso de dispositivos destructivos. El Departamento de Justicia sostiene que Maduro lidera el denominado “Cártel de los Soles”, una estructura que habría utilizado recursos del Estado venezolano y una alianza estratégica con las FARC para “inundar” a Estados Unidos con toneladas de droga durante las últimas dos décadas.

El marco legal contra Maduro se endureció el pasado 24 de noviembre, cuando la administración Trump designó oficialmente al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Esta medida administrativa fue justificada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que dicha organización es “responsable de la violencia terrorista” en el hemisferio occidental. Bajo este nuevo estatus, cualquier activo vinculado a la organización queda bloqueado y sus integrantes pierden inmunidades tradicionales, facilitando su procesamiento bajo leyes antiterroristas. En respuesta a esta designación, Nicolás Maduro había emitido un comunicado calificando la acusación como una “invención ridícula” cuyo único fin era “justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.

La acusación federal detalla que la presunta organización criminal no opera como un cártel tradicional, sino desde la cúpula del poder político y militar. Sin embargo, expertos citados en el contexto de las investigaciones han matizado la definición operativa del grupo. Adam Isaacson, director de supervisión de defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, explicó que el Cártel de los Soles “no es un grupo en el que la gente se identifique como miembros” ni posee “reuniones regulares” o una jerarquía corporativa estándar, sino que el término se ha empleado desde los años noventa para señalar a oficiales que lucran con el tráfico ilícito. A pesar de estas observaciones técnicas, la fiscalía estadounidense mantiene que Maduro utilizó el narcotráfico como una “herramienta política” contra la seguridad nacional de Estados Unidos.

De confirmarse su traslado y custodia, Nicolás Maduro comparecería ante un juez federal no como jefe de Estado, sino como acusado penal, exponiéndose a una sentencia mínima obligatoria de cincuenta años de prisión y una máxima de cadena perpetua. El expediente se complementa con acciones recientes del Departamento de Justicia, como la descrita por la secretaria Pam Bondi, quien al referirse a la incautación de buques petroleros señaló que estos apoyaban a “organizaciones terroristas extranjeras”. La reactivación de estos cargos cierra el cerco judicial sobre el mandatario, quien en 2020 había sido señalado por el entonces fiscal general William Barr de haber “traicionado al pueblo venezolano y corrompido sus instituciones” para el enriquecimiento ilícito a través del narcotráfico.