Justicia
Designados los tres magistrados que revisarán la apelación de Álvaro Uribe Vélez
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá asignó a Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y Manuel Antonio Merchán la revisión de la apelación presentada por la defensa del expresidente, condenado a 12 años de prisión por manipulación de testigos.
El Tribunal Superior de Bogotá informó que los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y Manuel Antonio Merchán integrarán la sala que estudiará la apelación de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra la condena impuesta el pasado 1 de agosto por la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda.
La sentencia de primera instancia fijó una pena de 144 meses de prisión (12 años) por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Además, impuso una multa de 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 100 meses y 20 días. La jueza concedió el beneficio de prisión domiciliaria, condicionado al pago de una caución equivalente a cuatro salarios mínimos.
La defensa radicó la apelación el 13 de agosto ante la Sala Penal del Tribunal, con el objetivo de revertir el fallo. Según el Consejo Superior de la Judicatura, se crearon tres cargos transitorios de magistrado adjunto para los despachos 004, 011 y 013 de la Sala de Decisión Penal 19, con el fin de que los magistrados titulares se concentren exclusivamente en este proceso. La medida estará vigente entre el 11 de agosto y el 10 de octubre de 2025, con metas mensuales de 10 decisiones de fondo por despacho.
Los perfiles de los magistrados designados son los siguientes: Leonor Oviedo Pinto lleva dos años en el Tribunal Superior de Bogotá, fue magistrada en Cali y se desempeñó como investigadora de la Fiscalía. Alexandra Ossa Sánchez cuenta con cinco años en el Tribunal y fue magistrada auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, Manuel Antonio Merchán, quien será presidente de la sala y ponente de la decisión, participó en la validación de interceptaciones telefónicas a Uribe en 2018, pruebas que fueron determinantes en el proceso.
El Tribunal fijó como plazo máximo para resolver la apelación el 15 de octubre de 2025 y suspendió el reparto de tutelas a la Sala Penal hasta el 20 de agosto, para priorizar el trámite del caso.
