Detrás del poder
Altos oficiales señalan a la senadora Isabel Zuleta de interferir en operaciones militares
Ocho generales de la Fuerza Pública informaron que la congresista habría presionado para detener acciones contra grupos ilegales en Antioquia. Los testimonios fueron remitidos a la Corte Suprema de Justicia para su respectiva investigación.
Un informe periodístico revelado por la revista Semana indica que cinco oficiales activos y tres en retiro entregaron declaraciones sobre supuestas injerencias indebidas de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta. Según los altos mandos, la congresista y miembros de su equipo de trabajo habrían realizado llamadas telefónicas exigiendo la suspensión de operativos y combates contra disidencias de las FARC y estructuras de minería ilegal, argumentando la protección de civiles en zonas de conflicto del departamento de Antioquia.
Uno de los episodios más graves relatados en el informe tuvo lugar el 17 de julio de 2023 en el municipio de Ituango, mientras tropas del Ejército sostenían enfrentamientos contra los frentes 18 y 36 de las disidencias. De acuerdo con la versión de los uniformados, Zuleta solicitó detener el fuego asegurando que se estaba atacando a mineros, pese a que el reporte operacional indicaba que los objetivos vestían camuflado y portaban armamento. El saldo de dicha operación dejó dos soldados muertos, un cabecilla abatido y tres menores de edad recuperados.
Las denuncias también involucran a Johan Edisson Giraldo, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora, quien habría intercedido con nombres propios por personas que se encontraban en la zona de confrontación armada. Adicionalmente, los generales manifestaron que Lina Zuleta, hermana de la legisladora, cuestionaba las operaciones contra las disidencias mientras omitía referirse a las acciones del ELN, centrando sus críticas únicamente cuando se afectaba a presuntos mineros o estructuras específicas en la región.
Frente a los señalamientos, un comandante declaró bajo reserva que existía temor en la institución debido a la cercanía de la senadora con la Presidencia de la República, afirmando que sus carreras podrían verse comprometidas.
En respuesta, Isabel Zuleta aseguró a través de su cuenta en la red social X que sus actuaciones se enmarcan en la defensa de los derechos humanos y la exigencia del cumplimiento del principio de distinción, negando cualquier obstrucción a la justicia y reiterando su facultad para realizar control político.
El documento periodístico señala además presuntos reproches de la congresista hacia el general Rosemberg Noboa y el brigadier general William Castaño por su articulación con autoridades locales de Medellín. Toda la información recopilada, que sugiere una posible extralimitación de funciones, fue puesta a disposición de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, entidades que deberán determinar si existe mérito para abrir procesos formales contra la senadora.
