Senadora Cabal demanda nulidad del decreto que establece el día cívico

La senadora María Fernanda Cabal radicó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto 0302 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional para declarar el 18 de marzo como día cívico.

La medida, firmada por la Presidencia de la República y varios ministerios, permite a las entidades públicas suspender actividades laborales para facilitar la participación en las movilizaciones en respaldo a las reformas sociales promovidas por el Ejecutivo.

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Según la congresista, este decreto representa un uso indebido del poder, ya que, en su criterio, presiona a funcionarios públicos para participar en marchas a favor del Gobierno. “He radicado demanda de nulidad contra el día cívico que impone de manera arbitraria Gustavo Petro. Aquí hay desviación y abuso de poder, presión a funcionarios públicos para que salgan a marchar en apoyo al gobierno Petro”, expresó Cabal.

En el documento presentado ante el alto tribunal, la senadora sostiene que el decreto se fundamenta en normas destinadas al restablecimiento del orden público, pero su verdadero propósito sería favorecer las reformas del Gobierno, lo que constituiría una desviación de poder.

Además, Cabal argumenta que el acto administrativo carece de una motivación adecuada, ya que no existen fundamentos normativos claros que justifiquen la declaratoria de un día no laborable.

Otro punto cuestionado en la demanda es el impacto económico que la medida podría generar sobre el funcionamiento institucional del Estado. En este sentido, la congresista advirtió que la jornada implicaría un uso arbitrario de recursos públicos.

Ante esto, la senadora solicitó al Consejo de Estado la suspensión provisional del decreto mientras se resuelve el proceso de fondo.

El decreto ha generado reacciones encontradas en el país. Mientras algunos mandatarios locales han anunciado que se suman al día cívico, otros han decidido no acogerlo en sus respectivas jurisdicciones.La jornada se desarrolla en un contexto de polarización política, en medio del debate sobre las reformas laborales y de salud impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro.

El Consejo de Estado, en su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, será el encargado de evaluar la demanda y determinar si el decreto debe ser anulado o si se ajusta a la normatividad vigente.