Conecta con nosotros

Justicia

Fiscalía acusa a exgobernadora del Quindío por presuntas irregularidades en donación de bien público

La exgobernadora del Quindío, Amparo Arbeláez Escalante, fue acusada formalmente por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia como presunta responsable de varios delitos relacionados con la donación de un predio público a una asociación privada durante su administración en 2007.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a la exgobernadora del Quindío, Amparo Arbeláez Escalante, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado.

De acuerdo con la investigación, la exmandataria promovió ante la Asamblea Departamental del Quindío una ordenanza que le permitió transferir un predio público de 19.527 metros cuadrados a la Asociación Abrazar, representada entonces por el exgobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. La cesión se concretó mediante las escrituras públicas 2686 y 2853, del 12 y 29 de diciembre de 2007, registradas en la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá el 4 de enero de 2008.

El terreno, ubicado en la variante Calarcá–Ibagué, incluía el estadio Guillermo Jaramillo Palacio, pese a que la ordenanza departamental no autorizaba su entrega a un particular. Posteriormente, la asociación privada asumió la administración del escenario deportivo, el cual fue restituido al municipio de Calarcá el 28 de abril de 2022, por decisión judicial.

La Fiscalía señala que la cesión se realizó sin los estudios de conveniencia exigidos y sobre un terreno que pertenecía al municipio y no al departamento, lo que habría generado un detrimento patrimonial superior a 12.100 millones de pesos. También se identificaron inconsistencias en la documentación presentada ante la Oficina de Instrumentos Públicos, que habrían inducido en error a los funcionarios encargados de registrar la propiedad.

El ente investigador sostiene que la Constitución prohíbe la cesión gratuita de bienes del Estado a particulares, y que en este caso los contratantes modificaron el objeto del contrato aprobado por la Asamblea Departamental, ampliando el lote autorizado hasta abarcar la totalidad del terreno entregado.

En un proceso paralelo, el Juzgado Único Penal del Circuito de Conocimiento de Calarcá declaró la preclusión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales para el exgobernador Roberto Jairo Jaramillo, pero mantiene en estudio los cargos de peculado por apropiación agravado y fraude procesal, en los que habría actuado conjuntamente con Arbeláez Escalante.