Justicia y control
Emilio Tapia fue liberado tras cumplir parte de su condena por Centros Poblados
El contratista Emilio Tapia, condenado por el escándalo de Centros Poblados, recuperó su libertad condicional tras cumplir más de tres quintas partes de su pena. La decisión fue apelada sin éxito por la Procuraduría.

Emilio Tapia Aldana, condenado por corrupción en el caso Centros Poblados, fue liberado este lunes 14 de abril tras una decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla. El fallo le otorgó la libertad condicional luego de verificar que había cumplido 48 meses y 10 días de prisión, superando el umbral de 45,6 meses exigido por ley para acceder a ese beneficio.
La sentencia que lo mantenía en reclusión era de 76 meses, producto de un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado, cometidos en el entramado de la Unión Temporal Centros Poblados. Este grupo empresarial obtuvo de forma fraudulenta un contrato por un billón de pesos para llevar internet a escuelas rurales, del cual recibió un anticipo de 70.000 millones sin cumplir los requisitos financieros exigidos.
Aunque la Procuraduría General de la Nación apeló la medida argumentando que Tapia reincidió en delitos contra la administración pública y no cumplía los requisitos del tratamiento penitenciario, el INPEC confirmó la ejecución del oficio de libertad en favor del condenado.
En la sentencia se valoró el tiempo efectivo de reclusión y la redención por estudio y trabajo dentro del centro penitenciario, así como la existencia de una “estructura de apoyo familiar y social” que facilitaría su reintegración.
Tapia, quien ya había recibido libertad condicional en 2019 por el caso del ‘Carrusel de la Contratación’ en Bogotá, fue recapturado en septiembre de 2021 por su participación en el escándalo de Centros Poblados. En esa ocasión, aceptó cargos y se comprometió a devolver más de 5.000 millones de pesos y pagar una multa de 4.714 millones. Según la Fiscalía, hasta enero de 2025 había restituido 2.532 millones, con nuevos pagos pactados para abril y octubre.
A pesar de los reparos del Ministerio Público, el despacho judicial concluyó que el contratista cumple los requisitos objetivos para acceder al subrogado penal y le concedió libertad por un periodo de prueba de 27 meses y 20 días, equivalente al tiempo restante de su condena.
