Consejo de Estado mantiene en firme el valor de la UPC para 2025 mientras avanza mesa técnica

La Sección Cuarta del Consejo de Estado negó una solicitud de medida cautelar presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, con la que buscaba suspender provisionalmente la Resolución 2717 del 30 de diciembre de 2024. Esta norma fijó el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2025, tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado.

Según la congresista, el incremento del 5,36 % aprobado por el Ministerio de Salud es insuficiente para cubrir los costos reales del sistema y afecta el acceso equitativo a servicios, tecnologías y medicamentos. En su demanda, sostuvo que el ajuste adecuado debía superar el 15 %, en línea con el principio de suficiencia financiera para garantizar el derecho a la salud. Además, argumentó que no se convocó formalmente a la Comisión Asesora de Beneficios, ni se abrió un proceso público de observación del proyecto normativo.

Pese a estas objeciones, el Consejo de Estado concluyó que no se cumplían los requisitos jurídicos para ordenar la suspensión inmediata de la resolución. “El estudio sobre la legalidad de la resolución deberá realizarse en la sentencia que resuelva de fondo la demanda”, indicó el magistrado ponente Milton Chaves García.

El tribunal también recordó que la Corte Constitucional, mediante el Auto 007 de 2025, ordenó la conformación de mesas técnicas para revisar la suficiencia de la UPC y establecer los criterios para eventuales ajustes posteriores. Dado que este proceso ya está en marcha, el Consejo de Estado consideró improcedente adoptar una medida provisional.

La decisión judicial no implica un pronunciamiento sobre el fondo del litigio, pero permite que, por ahora, siga aplicándose el valor definido por el Ministerio de Salud para los giros de recursos a las EPS durante el 2025.

En respuesta a los cuestionamientos sobre la composición de las mesas técnicas, el Ministerio de Salud informó que no convocó a algunos actores del sistema, como las secretarías departamentales, porque no estaban expresamente incluidas en el listado exigido por la Corte. También reiteró que, aunque lidera el proceso, tiene la competencia exclusiva para fijar la UPC.