Fiscalía imputó a dos disidentes por carro bomba en Cali

La Fiscalía General de la Nación imputó a Walter Esteban Yonda Ipía, alias Sebastián, y a Carlos Steven Obando, alias El Mono, por su presunta responsabilidad en el atentado del 21 de agosto en Cali, que dejó seis personas muertas y 71 heridas.

De acuerdo con la investigación, los dos hombres trasladaron hasta las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez dos camiones con explosivos y activaron las plataformas que contenían los artefactos. Uno de los vehículos detonó, mientras que el otro fue neutralizado por las autoridades.

El fiscal del caso relató que los procesados transportaban 358 kilos de explosivos, entre ellos cilindros de gas acondicionados con nitrato de amonio y polvo de aluminio, 36 artefactos tipo tatuco y cordón detonante. “La intención era detonar ambos vehículos frente a la base aérea para causar un daño masivo”, señaló en la audiencia.

La comunidad impidió que los señalados huyeran del lugar y los entregó a la Policía, lo que permitió su captura en flagrancia. Posteriormente, un juez legalizó su detención y avaló la imputación por homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte de armas y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Pese a los cargos, ambos hombres se declararon inocentes. El juez consideró necesaria la medida de aseguramiento intramural y ordenó su reclusión mientras avanza el proceso judicial.

El atentado fue atribuido al Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, grupo que opera en el suroccidente del país. El material explosivo habría sido trasladado desde Corinto (Cauca) hasta Cali, pasando por varios municipios de la región.

El ataque se produjo apenas horas después de otro hecho violento en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue derribado con un dron explosivo, dejando 13 uniformados muertos.

El presidente Gustavo Petro calificó las acciones como parte de una estrategia narcoterrorista y pidió que las disidencias, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo sean declarados organizaciones terroristas para permitir su persecución internacional.

Tras los hechos, el Gobierno lanzó la operación Sultana, un plan militar y policial para reforzar la seguridad en Cali y contener la expansión de estas estructuras ilegales en el suroccidente.