Justicia
Supervigilancia regula jornada y bienestar de perros en seguridad privada
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió una resolución que redefine las condiciones laborales y de bienestar de los perros empleados en seguridad privada. La medida, sustentada en la Ley Lorenzo, limita la jornada diaria de trabajo de los caninos entre seis y ocho horas.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emitió una nueva resolución que regula el uso de perros en las actividades de vigilancia y seguridad privada en Colombia. La norma fija parámetros para su adiestramiento, jornada laboral, salud, retiro y bienestar, con el fin de garantizar un trato digno y prevenir prácticas de maltrato o sobreexplotación.
El acto administrativo, expedido en aplicación de la Ley 2454 de 2025, conocida como Ley Lorenzo, establece que los caninos solo podrán trabajar entre seis y ocho horas diarias, dependiendo del tipo de tarea asignada. Los animales entrenados en detección de narcóticos o explosivos tendrán jornadas máximas de seis horas, mientras que los destinados a defensa o acompañamiento de vigilancia podrán laborar hasta ocho.
“Son animales sintientes, y en el ejercicio de las actividades de vigilancia y seguridad privada es necesario garantizar su bienestar y las condiciones en las que estos animalitos nos ayudan a prestar el servicio”, explicó Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.
La resolución exige además que las empresas renueven anualmente la autorización para operar con perros de seguridad, presentando certificaciones de salud, entrenamiento y aptitud operativa, así como pólizas de responsabilidad civil y convenios con clínicas veterinarias disponibles las 24 horas. También deberán implementar protocolos de bioseguridad que incluyan control sanitario, alimentación, transporte y espacios adecuados para el descanso y esparcimiento de los animales.
El superintendente Álvarez indicó que la medida busca evitar jornadas extenuantes y sobrecarga física, tras evidenciar casos en los que los caninos eran sometidos a largas jornadas sin descanso ni supervisión médica. “Lo que se busca es que los animales estén en condiciones óptimas de bienestar”, añadió.
La expedición de esta norma tiene su origen en la muerte de Limonar, un perro de seguridad fallecido en 2023 durante una inspección en la zona de Fontibón, Bogotá. Aunque inicialmente se reportó un ahorcamiento accidental, posteriormente se determinó que la causa fue asfixia, hecho que reveló graves deficiencias en la supervisión del sector.
Ese caso, junto con el de Lorenzo, un canino maltratado mientras trabajaba en un centro comercial de Bogotá en 2022, motivó la creación de la Ley Lorenzo, que introdujo estándares de bienestar animal en el ámbito laboral y promovió el desarrollo de tecnologías que permitan sustituir progresivamente el uso de perros en la seguridad privada.
La ley reduce además la edad máxima de servicio de los caninos de ocho a seis años, exige su esterilización desde los seis meses de edad y obliga a las empresas a implementar planes de retiro y adopción una vez culminada su vida laboral.