Partidos Políticos
Ariel Ávila exige expulsión de Iván Name y Sandra Ortiz de la Alianza Verde tras escándalo en la UNGRD
La captura de Iván Name, de la Alianza Verde, y de Andrés Calle, del Partido Liberal, por el caso UNGRD desató tensiones en el partido Verde, donde Ariel Ávila pidió la expulsión inmediata de los dirigentes salpicados.
La detención de Iván Name Vásquez, expresidente del Senado, y Andrés Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes, ordenada por la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha provocado reacciones dentro de la Alianza Verde.
Ariel Ávila, senador de la colectividad, pidió en redes sociales la expulsión inmediata de Name y de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz. “El partido Alianza Verde debería sacar al señor Iván Name y a la señora Sandra Ortiz, así como a los demás salpicados. Y no aceptar ningún familiar en las listas a la próxima elección en el Congreso. En este caso habría silla vacía”, afirmó Ávila. El congresista recordó que desde hace un año había solicitado esta medida y cuestionó la falta de decisión del partido pese al avance de las investigaciones.
La Corte Suprema ordenó las capturas tras hallar indicios de que Name y Calle habrían recibido $3.000 millones y $1.000 millones, respectivamente, para respaldar iniciativas del Gobierno en el Congreso, entre ellas las reformas pensional, laboral, de salud y tributaria. Las coimas, según las investigaciones, provenían de contratos adjudicados irregularmente en la UNGRD, como el destinado a la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua a La Guajira.
El proceso, que formalmente comenzó en noviembre de 2024, incluye testimonios de exdirectivos de la entidad como Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes señalan que los dineros también habrían financiado campañas de familiares de los congresistas. En el caso de Name, se menciona el respaldo a la candidatura de su hija, María Clara Name, al Concejo de Bogotá; en el de Calle, las campañas de su hermano y su padre en Córdoba.
La Sala de Instrucción del alto tribunal tomó la decisión por votación de cuatro a dos y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario. Las penas por los delitos imputados, cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, podrían alcanzar hasta 22 años de prisión.
El escándalo ha sacudido al Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya administración enfrenta cuestionamientos por la participación de funcionarios del Palacio de Nariño en el entramado de corrupción. Expertos como Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, y Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, destacaron la importancia del fallo como un mensaje contra el intercambio de favores entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Gabriel Cifuentes, exsecretario presidencial para la Transparencia, señaló que este caso “reafirma las denuncias de que altos funcionarios del Gobierno estarían involucrados en un entramado criminal que operaba desde la Casa de Nariño”.
