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Justicia

La JEP suspende nuevamente audiencia de ‘Otoniel’ por falta de garantías

En la frustrada diligencia, ‘Otoniel’ iba a declarar sobre la situación territorial en Urabá en relación al tráfico de drogas, los homicidios selectivos, las extorsiones, las amenazas a líderes y los desplazamientos forzados.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suspendió nuevamente el testimonio de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’ por la falta de garantías a la privacidad y a la reserva de la diligencia, debido a las constantes interrupciones de la Policía Nacional.

Según explicó la JEP, uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía violaron nuevamente los pedidos de la justicia transicional, al no dejarlo declarar libremente, al intervenir en varias ocasiones y al final solicitar que la puerta del recinto debía permanecer abierta.

Durante el mes de marzo la JEP ha intentado tomarle declaración a alias ‘Otoniel’ sobre ejecuciones extrajudiciales, pero debido a la falta de garantías y las condiciones en las que se encuentra en custodia de la Policía, se afecta la recolección de la información.

Ante esto, la JEP decidió, la semana pasada, imponer una medida cautelar para garantizar la realización de la diligencia y escuchar su declaración en privado y bajo estrictas normas de confidencialidad, sin dejar a un lado la seguridad que debe tener el recinto donde ‘Otoniel’ acude a la audiencia.

Por ello, la JEP pidió a la Policía que permitiera que el acusado pudiera dar su testimonio de manera libre, pues lo han mantenido esposado bajo una excesiva vigilancia, a lo que la Policía ha dicho que existe un posible plan de fuga y que por ello refuerzan la seguridad del líder del ‘Clan del Golfo’.

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Sin embargo, este martes la Sala de Reconocimiento decidió suspender de nuevo la audiencia por falta de garantías en su declaración.

Dairo Úsuga ha sido llamado por la JEP a entregar testimonio dentro de la investigación por los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, así como la investigación de 3.582 hechos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos humanos en el Urabá.

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