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Justicia y control

Procuraduría confirma suspensión del director territorial del IGAC en Meta por omisión en caso de deslinde

La Procuraduría General de la Nación ratificó la sanción de suspensión por dos meses contra Jairo Alexis Frías Peña, director territorial del IGAC en Meta, por no atender un requerimiento judicial en un proceso de deslinde.

La Procuraduría General de la Nación confirmó el fallo de primera instancia del 5 de diciembre de 2024, proferido por la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Meta, mediante el cual se impuso una sanción disciplinaria de suspensión por dos meses a Jairo Alexis Frías Peña, director territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el departamento del Meta.

La medida disciplinaria se origina en las quejas presentadas por la ciudadana María Stella Hernández, quien solicitó la intervención del Ministerio Público ante la Dirección Territorial Meta del IGAC. El motivo: la falta de respuesta a requerimientos formulados por el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo (Meta), en el marco del proceso de deslinde y amojonamiento radicado bajo el número 50606408900120180025400.

Según la investigación adelantada por la Procuraduría, Frías Peña omitió responder adecuadamente a la solicitud judicial, que exigía información técnica relacionada con las plantas catastrales y sus respectivos cuadros y coordenadas de tres predios rurales involucrados en el litigio. Esta omisión fue calificada como una falta disciplinaria grave.

En su defensa, Frías Peña interpuso un recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, argumentando que los motivos no eran suficientes para justificar la sanción impuesta. Sin embargo, la Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 concluyó que los argumentos del apelante no desvirtuaban la motivación expuesta en la decisión inicial, y resolvió confirmar la suspensión del funcionario.

Con esta decisión, el Ministerio Público reiteró la obligación de los servidores públicos de responder de manera diligente a los requerimientos judiciales y reafirmó su rol como órgano de control en la vigilancia del cumplimiento de las funciones públicas.