Judicial
Condenados integrantes de grupo ‘los de Rionegro’ por rraude con documentos falsos y suplantación
Dos miembros del grupo delincuencial conocido como ‘Los de Rionegro’ han sido condenados por un juez en Bogotá por su participación en un esquema de fraude que involucraba la utilización de documentación falsa para cobrar cheques y acceder a cuentas empresariales.
Dos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los de Rionegro’ han sido condenados por un juez de conocimiento en Bogotá. María Camila Corredor Vargas y John Marcos Morales Rubio enfrentaron cargos relacionados con un esquema de fraude en el que utilizaban documentación falsa para cobrar cheques y acceder a cuentas empresariales. Los dos individuos recibieron condenas de más de 3 y 6 años de prisión, respectivamente.
La investigación reveló que Corredor Vargas y Morales Rubio aprovecharon sus puestos de trabajo en empresas de telefonía celular para obtener datos personales de clientes, los cuales luego proporcionaron a otros miembros del grupo delictivo. Estos datos permitieron a ‘Los de Rionegro’ llevar a cabo trámites fraudulentos, suplantando la identidad de las víctimas y realizando actividades ilícitas en su nombre. Entre estas actividades se incluyó la obtención y cobro de cheques a nombre de las personas afectadas.
La contundencia de la evidencia presentada por la Fiscalía llevó a los acusados a admitir su participación en la organización ilegal y a aceptar su responsabilidad en los delitos imputados. Ambos firmaron preacuerdos con la Fiscalía en los que se comprometieron a pagar cauciones y admitieron su culpabilidad.
María Camila Corredor Vargas fue condenada por delitos como concierto para delinquir, estafa agravada, obstaculización ilegítima de sistemas informáticos y violación de datos personales. Recibió una pena de 3 años y 3 meses de prisión, además de una multa significativa.
John Marcos Morales Rubio, por su parte, fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión y deberá pagar una multa. Se le imputaron cargos como concierto para delinquir, estafa agravada, falsedad en documento privado, obstaculización ilegítima de sistemas informáticos y violación de datos personales.
El fallo emitido por el juez también incluyó una orden para que las empresas de telefonía celular y la Superintendencia de Industria y Comercio refuercen las medidas de seguridad en relación con los trabajadores que tienen acceso a las bases de datos de los usuarios, con el objetivo de prevenir futuros incidentes de este tipo.
