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Colombia

Incremento de trastornos mentales y suicidios en niños y jóvenes preocupa a la Procuraduría

La entidad alerta sobre los síntomas de depresión, ansiedad y alteraciones de comportamiento que han llevado al consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar, intentos de suicidio y casos consumados de suicidio en estas poblaciones.

La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una alerta sobre el inquietante incremento de trastornos mentales y desórdenes en la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia. Estos preocupantes hallazgos revelan una creciente manifestación de síntomas como depresión, ansiedad y trastornos de comportamiento, factores que a su vez influyen en la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar, intentos de suicidio y, lamentablemente, casos consumados de suicidio en el país.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante el primer semestre de 2023 se han registrado un total de 1.540 suicidios, de los cuales 479 corresponden a jóvenes, 142 a adolescentes y 1 a niños en etapa de infancia. Estas cifras, junto a los datos de 2022 donde Colombia reportó 2.835 suicidios en total, con 936 de ellos relacionados a jóvenes, 312 a adolescentes y 3 a niños, enfatizan la urgencia de abordar este preocupante fenómeno.

Ante este panorama alarmante, la Procuraduría ha asumido su rol preventivo y ha elaborado un informe detallado sobre el seguimiento de las acciones implementadas por las autoridades locales en la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio, en línea con la Ley 1616 de 2013.

El reporte destaca que las edades con los índices más elevados de problemas de salud mental son los jóvenes de 17 a 24 años, seguidos por los adolescentes de 12 a 16 años y la población infantil de 6 a 11 años. Asimismo, el informe resalta que factores determinantes como la violencia en diversas formas, especialmente la intrafamiliar, el acoso escolar, el consumo de sustancias psicoactivas, el ciberacoso y el reclutamiento por parte de grupos armados, juegan un papel importante en la ideación y conducta suicida en estos grupos de edad.

Las pruebas recopiladas por la Procuraduría también confirman que el acceso a servicios especializados en términos de capacidad y oportunidad de atención es limitado, y que la falta de profesionales expertos en salud mental en las comunidades, así como el estigma asociado a la búsqueda de ayuda, representan las principales barreras en la prevención y atención. Además, se destaca la necesidad de un abordaje más integral desde el entorno familiar.

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En respuesta a estos resultados, la Procuraduría, a través de su Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, ha emitido una serie de recomendaciones y ha hecho un llamado al sector de la salud para que las consultas de psicología y psiquiatría se prioricen, eliminando la necesidad de una consulta con médico general como paso previo.

Además, la entidad exhorta a las autoridades locales, especialmente a las secretarías de salud y educación, a revisar la asignación de recursos destinados a la prevención y atención en salud mental, el fortalecimiento de las familias y la promoción de la convivencia escolar. El objetivo es generar un impacto positivo en todos los contextos y entornos protectores donde estas poblaciones se desenvuelven, y así enfrentar de manera más efectiva esta problemática creciente en el país.

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