Defensora del Pueblo evalúa situación de derechos humanos en Córdoba tras alerta de inseguridad

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, visitó Córdoba para evaluar las acciones implementadas en materia de derechos humanos tras la emisión de alertas sobre focos de inseguridad en el país. “Frente a esto, hicimos énfasis en redoblar esfuerzos para proteger a la población y mejorar su difícil realidad”, afirmó la funcionaria.

En Tierralta, se reunió con campesinos, indígenas y víctimas del desplazamiento forzado para escuchar de primera mano las problemáticas del territorio. “Por causas del conflicto, el pasado 8 de enero fue desplazada la comunidad indígena de Nejondo (Córdoba). Hoy desde Tierralta escuchamos a representantes de estos cabildos para verificar sus condiciones humanitarias”, señaló la Defensoría en un comunicado.

La jornada contó con la presencia de los representantes a la Cámara Leonor Palencia Vega y Nicolás Barguil. “Hemos acompañado a las comunidades del sur de Córdoba y seguiremos insistiendo en la necesidad de mayor protección”, expresó Palencia Vega.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, expuso las estrategias implementadas para fortalecer la seguridad en la región. “Córdoba ha avanzado en seguridad, pero se requiere mayor respaldo del Gobierno Nacional”, indicó. Además, aseguró que “hoy el departamento tiene los mejores indicadores en seguridad de la Costa Caribe, gracias al trabajo articulado con las instituciones”. No obstante, advirtió que persisten desafíos como “los cultivos ilícitos, la extorsión, la minería ilegal y la erosión costera”.

Zuleta Bechara insistió en que “la paz no puede limitarse a la firma de acuerdos, sino a cambios concretos que mejoren la calidad de vida de nuestras comunidades”. Al finalizar el encuentro, reiteró su compromiso con la seguridad y la defensa de los derechos humanos. “Los derechos humanos son el bienestar de la gente”, concluyó.

El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Elkin Corredor, destacó la importancia de las alertas tempranas para fortalecer las estrategias de seguridad. “Es el campanazo para ejecutar acciones que protejan a las comunidades y enfrenten a los grupos armados ilegales”, dijo. Recordó la alerta 054 de 2019, que advertía sobre la disputa entre Los Caparros y Los Urabeños, y aseguró que “estos grupos ya no delinquen en el territorio”.

La Defensoría del Pueblo informó que continuará verificando la situación humanitaria de las comunidades afectadas. “Revisamos la atención que se ha brindado por parte de la institucionalidad y, a partir de ello, realizaremos las acciones necesarias en el marco de la protección de sus derechos humanos”, señaló en un comunicado.